P – Juan Manuel Grijalvo  –  Valores, intereses y derechos

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Effectiveness without values is a tool without a purpose

La efectividad sin valores es una herramienta sin una finalidad

Edward de Bono

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22 de septiembre de 2010

Ya sabe usted que una de mis «piedras de toque»
para evaluar los grupos que presentan candidatos a cargos públicos
es lo que hacen por cambiar el estúpido modelo de movilidad al uso.

No lo que dicen que van a hacer,
sino lo que han hecho y están haciendo
allá donde gobiernan.

Otra herramienta útil es identificar sus principios, sus medios y sus fines. Los programas electorales y los discursos que pronuncian antes de pedir el voto a la ciudadanía suelen ser de muy poca utilidad para este trabajo. Otro día, si usted quiere, hablaremos de los medios que se emplean en la acción pública y de su posible clasificación como legales, legítimos o lícitos. Hoy, si le parece bien, podríamos estudiar brevemente algunos principios.

Se supone que los partidos defienden valores. Los dos más votados nos dicen que los suyos están en la Constitución de 1978. Eso nos indica que la «Ley de Leyes» no es neutra. Es la resultante de la correlación de fuerzas en un momento histórico concreto, y configura un programa político muy completo y detallado, el famoso «consenso» de la «transición». Dichas formaciones están de acuerdo en más del noventa por ciento de sus «recetas» para la vida pública, pero escenifican una discordia permanente -y estridente- sobre puntos que resultan ser casi anecdóticos.

Don Francisco Rubio Llorente nos ha dicho que «… es preciso hacer una reforma [de la Constitución] pausada y mesuradamente. Hubiera sido milagroso que en 1978 hubiéramos elaborado una Constitución perfecta y armada en todas sus formas. Hicimos la Constitución que se podía hacer, pero es que, además, la propia Carta Magna ha ido conformando una realidad que aconseja la reforma». Esto lo dijo en una entrevista con Miguel Pérez, publicada el 25 de septiembre de 2007 en «El Correo».

La cosa se va arrastrando de una legislatura a otra porque nadie tiene lo que hay que tener para abrir el melón. Un asunto de bastante importancia puede precipitarse a partir de un hecho biológico que, con la propia Constitución en la mano, no debería tener la menor trascendencia. Y, como diría Cortázar, «ahí le quiero ver».

En este momento disponemos de un caso real del ideario que defienden en la práctica los dos partidos «constitucionalistas». Cuando se trata de mantener un par de «provincias rebeldes» dentro de las fronteras del Estado, todas esas diferencias tan, pero que tan importantes, pasan a segundo plano. Se trata de evitar como sea que se contagie el mal ejemplo permanente que da una definición de soberanía que incluye el derecho a decidir sin interferencias cómo se gastan los impuestos obtenidos en sus territorios. Así, la defensa absoluta del «statu quo», el dichoso «Estado de las Autonomías», resulta ser compatible con una división territorial cuyo antecedente histórico inmediato es la descomposición del Califato de Córdoba en docenas de taifas. Según el DRAE, esta palabra viene del árabe «ta’ifa». Ha adquirido carta de naturaleza en la lengua castellana y designa, en su primera acepción, «cada uno de los reinos en que se dividió la España árabe al disolverse el califato cordobés». La segunda es «bando, facción». Y la tercera es «reunión de personas de mala vida o poco juicio». Ejemplos: ¡Qué taifa! y ¡Vaya una taifa!

Lo que se ha dado en llamar «modelo de movilidad» es la filosofía que subyace en las decisiones que toman las administraciones y los ciudadanos para resolver los desplazamientos de las personas, de los animales y/o de las cosas. Se llama «modelo» porque tiene -o debería tener- una expresión matemática. Usando como piedra de toque mis teorías generales sobre la movilidad, he identificado dos organizaciones que he dado en llamar «Partido del Asfalto y del Cemento» y «Partido del Cemento y del Asfalto». Usted decide cuál es cuál. En la práctica, los nombres son intercambiables. Ciertamente, gastan nuestro dinero en estudios sobre la futura movilidad sostenible. Mientras tanto, lo que hacen todos los días en estas islas tan pequeñas nos demuestra que ambas siguen creyendo ciegamente en la expansión indefinida del asfalto y en la multiplicación de las infraestructuras como remedio para todos los males de la Humanidad. Las famosas «ciclovías» también son de asfalto.

Uno de mis libros de cabecera es «Hacia la reconversión ecológica del transporte en España», de Antonio Estevan Estevan y Alfonso Sanz Alduán. Está disponible para descarga en el servidor de gea21. Pues bien, Antonio y Alfonso nos decían que «las incoherencias de la planificación intermodal se ponen de manifiesto en las previsiones del Plan Director de Infraestructuras para el corredor Madrid-Barcelona, en el que está prevista la concurrencia simultánea de carretera convencional, autovía libre, autopista de peaje, varias líneas de autobuses regulares, ferrocarril convencional, ferrocarril de alta velocidad y varios puentes aéreos gestionados por diferentes compañías en régimen liberalizado. La suma de capacidades de todos estos modos es, como mínimo, diez veces superior a la demanda de transporte existente o previsible en ese corredor». Esto era en 1996. Ahora basta pensar un minuto en la mastodóntica T4 de Madrid-Barajas y en la fantástica T1 de Barcelona-El Prat para ver cómo seguimos construyendo el País de las Maravillas. Otro día, si usted quiere, podemos hacer un somero estudio de una red de ferrocarriles de alta velocidad que se ha planteado como si fuera una ampliación del metro de Madrid para clientes millonarios, y de las implicaciones prácticas que conlleva esta estupidez enorme.

Volvamos a la teoría. A nivel de mera hipótesis, supondremos que los partidos, como tales, no tienen principios. O que son variantes de esa conocida máxima: «el fin justifica los medios». En otras palabras, diremos que su acción cotidiana está guiada exclusivamente por sus fines. En teoría, son los intereses de sus votantes: una clase social, un grupo étnico u otro colectivo cualquiera. Con una frecuencia alarmante, resulta que esos intereses son los de quienes financian ilegalmente el partido, los de ciertos Estados extranjeros… o los del propio partido, entendido como un grupo de simples seres humanos que pagan cada mes el recibo de la hipoteca.

En este dulce ambiente, ¿cómo tenemos que juzgar lo que es bueno y lo que es malo? Una primera respuesta es definir eso que antes se llamaba «el bien común». Me gusta más hablar del «interés público», que viene a ser aquello que es verdaderamente útil para la mayoría de la población. Debería ser fácil de cuantificar, y suena mucho más romano.

Isidor Torres Cardona nos dijo, hablando de Formentera, que «els nostres recursos ens permeten fer allò que cal fer com a municipi, però no el que és necessari atendre com a illa». Procede que nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son los verdaderos intereses, las verdaderas necesidades, de la mayoría de los habitantes de estas islas tan pequeñas. Este trabajo teórico siempre fue importante. Ahora también es urgente.

Otro día, si usted quiere, podemos seguir hablando de valores y derechos. Una de las formulaciones clásicas es la que nos legó la Revolución Francesa: Libertad, Igualdad, Fraternidad.

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