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Hoy, si le parece bien, podríamos pensar un poco en las prioridades de los gestores de la vialidad en esta isla tan pequeña. Tal vez esto no pase de ser un ejercicio inútil que sólo conduce a la melancolía, pero si ha hecho usted conmigo este lento periplo por los cinco términos municipales, y la excursión a Formentera, ya habrá detectado ciertas pautas que se repiten en todas partes y que no son, obviamente, fruto del azar.
Hemos visto algo de lo que ocurre a Vila, Sant Josep, Sant Antoni, Sant Joan, Santa Eulària… y Formentera, tan cerca y tan lejos. Las primeras preocupaciones de los gestores de la vialidad son los aparcamientos y las carreteras principales. Otra constante es que las autoridades competentes no han decidido en ningún caso las prioridades que aplican. Por eso no hemos hablado de las prioridades «de» los consistorios; hemos dicho algo sobre lo que ocurre «en» los términos municipales. Y por eso mismo disfrutamos de las grandes alegrías que nos da un Consell Insular que hace grandes estudios sobre la vialidad y la movilidad que no sirven para nada, porque el Consell Insular no tiene competencias para resolver nada. Ventajas de ser una colonia.
Dejaremos para otro día las prioridades de los gestores privados de la vialidad. Ya veremos que orientan en buena medida las prioridades públicas, aunque las administraciones tengan sus propias, digamos, dinámicas de grupo.
Veamos… Usted podría creer que los gestores públicos están ahí para defender los intereses públicos en las materias conexas: movilidad, accesibilidad, sostenibilidad, modernidad, urbanidad y todas esas maravillosas idades.
Pues no. Las verdaderas prioridades no tienen mucho que ver con el interés público, que al fin y al cabo sólo es una entelequia. Esos gestores públicos están ahí porque los han puesto ahí unos partidos políticos cuyas prioridades son cosas muy tangibles: adquirir cuotas de poder, mantenerlas como sea y no perder las próximas elecciones. Todo lo que pueda costar votos se difiere para la siguiente legislatura. Y parece que siempre estamos de elecciones. Si no son locales serán generales, y si no europeas. Los plazos se solapan, los partidos siempre están en pre-campaña, en campaña y en post-campaña… simultáneamente. Ahora mismo, las guerras sucias entre los partidos y dentro de los partidos nos deparan espectáculos que nos parecerían sorprendentes si los que ya hemos visto no nos hubieran embotado la capacidad de asombro.
En teoría, todas las actividades de los gestores públicos han de ser compatibles con los valores supremos que inspiran su acción política, es decir, con los Principios Fundamentales del… del partido que sea. En qué estaría yo pensando.
A nivel de mera hipótesis, supondremos que los partidos, como tales, no tienen principios. O que son variantes de esa conocida máxima: «el fin justifica los medios». En otras palabras, su acción cotidiana estaría guiada exclusivamente por sus fines. Que son, al menos teóricamente, los intereses de sus votantes: una clase social, un grupo étnico u otro colectivo cualquiera.
Con una frecuencia alarmante, resulta que esos intereses son los de quienes financian ilegalmente el partido, los de ciertos Estados extranjeros… o los del propio partido, entendido como un grupo de simples seres humanos que han de pagar el recibo de una hipoteca todos los meses.
Pues eso. Suponiendo un ciclo político simplificado de cuatro años, podríamos decir que tres se invierten en elaborar profundos estudios sobre tooodos los problemas pendientes de resolver, y el cuarto es para hacer una campaña electoral cuya base y sustancia es que necesitan otros cuatro años para poner en obra las soluciones. Salvo excepciones que confirman la regla, no hacer nada tiene premio. Por eso vemos que los mismos equipos, compuestos por los mismos jugadores, se relevan los unos a los otros y los otros a los unos en las altas magistraturas que supervisan las labores de las administraciones públicas. La norma general para seguir ahí ya está enunciada hace tiempo: el que se mueve no sale en la foto.
En cuanto a los funcionarios, el panorama no es mejor. Sus motivaciones son todavía más prosaicas que las de los políticos. No hacer nada no tiene premio, pero tampoco tiene castigo. Y cualquier cosa que hagan, lo que se dice cualquier cosa, puede tener consecuencias negativas para su carrera, siempre según el superior criterio del poncio de turno. Así que lo mejor es no moverse, porque… lo adivinó usted, el que se mueve no sale en la foto.
La difícil relación entre políticos y funcionarios genera anécdotas sin cuento. Hoy no vamos a tratar esa importante materia, que merece sin duda una tesis doctoral de elevado nivel científico. Probablemente ya la estará haciendo algún investigador en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos.
Para resolver cualquier asunto no basta con tener una lista de prioridades. Hace falta querer, poder y saber. Sin voluntad política, sin competencias, sin políticos competentes, sin técnicos competentes, sin capacidad de gestión… lo raro sería que alguien resolviera algo.
Otro día, si usted quiere, pensaremos un poco en las prioridades de los gestores privados de la vialidad.
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