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Diario de Ibiza, 19 de septiembre de 2004

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El concejal de Turismo de Formentera, Cándido Valladolid, cuyas dotes para la agitación son de sobra conocidas, ha planteado la conveniencia de reducir el número de vehículos de motor que soporta la isla y ha lanzado algunas propuestas que apuntan en primer término a las empresas de coches y motos de alquiler que ponen cada verano miles de unidades a disposición de los turistas. La pretensión de Valladolid no es utópica ni descabellada, responde a un ideal muy sensato pero difícil de alcanzar y como mínimo tiene una gran virtud: sirve para abrir el debate y reflexionar sobre una situación que, si continúa por los mismos derroteros, puede llegar a ser explosiva.

Estamos, como tantas veces, ante el eterno dilema de los límites que ha de tener la explotación de un territorio pequeño y frágil como el de Formentera (aunque el mismo análisis, con otras proporciones, puede aplicarse también al caso de Eivissa). La multiplicación desbocada del parque motorizado está acabando con todos los equilibrios e introduciendo en nuestras comunidades nuevos y graves problemas que desbordan la capacidad de respuesta de las instituciones insulares.

¿Quién hubiera podido vaticinar que Formentera tendría problemas de tráfico y de aparcamiento o que en Eivissa llegarían a proyectarse autovías? Ese horizonte inimaginable hace muy pocos años se ha visto increíblemente superado por la realidad.

La presión de los coches y automovilistas tiene un enorme e irreparable coste en vidas humanas y provoca además conflictos de muy variada índole: de infraestructuras, de equipamientos, de seguridad, sanitarios, urbanísticos, medioambientales o administrativos, todos ellos con gravosas repercusiones económicas. Así que cuando algún gobernante de la derecha aboga por limitar el número de vehículos para acomodarlo a las capacidades de la isla y no por transformar la isla según las exigencias de los vehículos hay que congratularse por su iniciativa.

Formentera es un buen laboratorio para algunos ensayos. Cándido Valladolid apuesta inicialmente por la autorregulación de las empresas de vehículos de alquiler y busca recortes pactados de sus flotas. No es un mal comienzo; incluso puede ser un paso necesario para contener la avalancha, pero incide sólo en una parte del problema porque los nuevos ferrys rápidos que cubren las líneas marítimas con las Pitiüses no dejan de aumentar su capacidad de carga -¿habría que pedir también a las navieras que se autorregularan?- para poder transportar cientos de vehículos en cada trayecto, con lo cual el flujo de entradas de coches privados crece constantemente. Y aun contando con la voluntad empresarial de efectuar una reducción pactada de la oferta actual, no podría impedirse la implantación de nuevas compañías que alteraran el escenario acordado. Así que no es tarea fácil.

Cualquier política seria encaminada a lograr una disminución del número de vehículos que acogen nuestras islas exige medidas en múltiples frentes, algunas de ellas necesariamente coactivas, e implicar a diversas instituciones; pero hoy por hoy no existe ninguna sensibilidad para avanzar en esa dirección y asumir los costes que conllevaría. Lo que sí tenemos a nuestro alcance y constituye obligación inaplazable y una etapa imprescindible para avanzar algún día hacia objetivos más ambiciosos es organizar un transporte público suficiente y eficaz que pueda atender las necesidades de la población o de los turistas y que actúe como un factor disuasorio del uso del vehículo privado.

Sin una buena red de transporte público que vaya aparejada con iniciativas que penalicen el uso de coches particulares no habrá forma de detener el descontrolado aumento del parque móvil de las Pitiüses ni de impedir sus nefastas consecuencias para nuestras islas.

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