Dedicado a Joan Clos
Ultima Hora, 27 de septiembre de 2000
Ya sabemos que la Constitución garantiza el derecho a la movilidad. Los poderes públicos están para tutelar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Las leyes, los reglamentos o las medidas administrativas que los menoscaben han de ser modificadas. O derogadas sin más.
En este momento la oferta de transporte público en Eivissa no resuelve las demandas de movilidad de la mayoría. Se trata de una serie de concesiones administrativas a empresas privadas, que la lógica del sistema obliga a ser rentables. Si no, sus acreedores las liquidan y se acabó. Las administraciones públicas pueden paliar algún déficit con subvenciones. Pero eso tampoco es sano. En este momento existe una demanda insatisfecha de transporte público de calidad, que aumentará en el futuro. Para seguir en el mercado, las empresas han de adaptar sus productos a la demanda. Todo esto es de cajón.
Bueno, hoy no toca teoría. Veamos qué consecuencias prácticas podemos sacar de la doctrina aquí y ahora. A falta de estudios cuantitativos de movilidad, haré lo que los ingleses llaman «educated guessing», basándome en mis limitadas dotes de observación y deducción.
La primera consecuencia es obvia. En esta isla, si usted vive en un lugar que no resulta rentable servir con transporte público, tiene que ejercer por cuenta propia su derecho a la movilidad. Lo «normal» es que compre un automóvil, y que se desplace con él, por ejemplo, a Vila, creando una congestión de tráfico permanente. El Ayuntamiento no sabe a quién cobrar los costes de la «capitalidad». El problema crece visiblemente en verano, cuando se echan al camino los coches de alquiler. Para más inri, casi todos «residen» en otros municipios.
Ante esto, se pueden aplicar diversas terapias. Hoy, si le parece bien, podemos hablar de la «receta Barcelona». Consiste en poner la ciudad «patas arriba» a fuerza de obras faraónicas que destripan literalmente barrios enteros. La idea es facilitar la circulación y el estacionamiento de los automóviles particulares. Se hace con túneles urbanos, vías rápidas, aparcamientos subterráneos en el centro de la ciudad, etcétera. Empezaron a aplicarla muchos años antes de las Olimpíadas de 1992… y las obras no han terminado aún. Todo ello resulta increíblemente caro.
Ahora podría seguir hablando de otros «efectos secundarios» de la receta, pero no hace falta. «La Vanguardia» publicó el 10 de septiembre último una entrevista muy interesante con el Alcalde de Barcelona. Dice que «El tráfico en Barcelona se complica por culpa del crecimiento económico. Es posible que ahora, al aumentar el precio del carburante, el tráfico se apacigüe. Además, tenemos un problema nuevo con Internet, ya que ahora cada vez más furgonetas llevan pedidos hasta la casa de los ciudadanos y a cualquier hora del día. Es más difícil controlar la carga y descarga. Al problema del tráfico sólo se puede responder con más transporte público.» Ahí queda eso.
Y estamos hablando de una ciudad con muchísimo transporte público, que ha conservado bastante del que había y ha prolongado las líneas. Pero los autobuses circulan por calles saturadas de automóviles y furgonetas. La planificación del transporte rebasa el ámbito de las competencias locales. Su término municipal es sólo una pequeña parte de la conurbación. Las decisiones sobre grandes infraestructuras, como el AVE o el aeropuerto, las toman la Generalitat y el Gobierno. Una corporación metropolitana tal vez fuera una herramienta útil. Pero el reparto de competencias (y presupuestos) entre los socios no es un problema técnico. Si no es técnico, es… político. Y ya sabe usted que yo no toco eso.
Y ahora vamos a ver qué pasa aquí si se aplica la «receta Barcelona». La ciudad, en vez de crecer, engorda. La red viaria del casco urbano no puede acomodar el tráfico moderno. Los barrios antiguos se asfixian. Empezamos «regulando» el estacionamiento para que siga siendo posible (o pensable) el acceso al centro urbano en automóvil. Hacemos aparcamientos en todos los solares disponibles. Creamos unos cuantos nuevos demoliendo los edificios que amenazan ruina. El efecto de estas medidas es… incrementar el tráfico, naturalmente. Hay que «tocar» las calles que permiten entrar y salir de la ciudad. Como la finalidad de los viajes no es circular, sino aparcar para hacer algo, los diversos «parches» se saturan. Y así para siempre…
Si la «receta» hubiera servido en Barcelona, ello no implica que tenga que funcionar aquí. Si su Alcalde dice que ha fracasado allí, después de administrársela al enfermo en dosis de caballo, no veo razones para creer que vaya a curar nuestros males. Salvando las diferencias de escala, resultan ser sorprendentemente parecidos.
Por cierto, yo no creo que la subida de precio de los carburantes vaya a tener efectos visibles sobre el tráfico. Los que van en coche es porque «tienen» que hacerlo. Sólo que les va a salir más caro. Otro día, si usted quiere, le contaré otra «receta». A ver si damos con un remedio que no sea peor que la enfermedad…
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