Verano de 2014

A ver si lo entiendo: el día 24 de julio de 2013 vemos que se abre el Cetis porque cumple todas las prescripciones legales, y el 20 de diciembre de 2013 vemos que se cierra porque no las cumple. Algo falla en el procedimiento para determinar el alcance práctico de las prescripciones legales.

Se supone que vivimos en un Estado de Derecho. Todo lo que hacemos debe cumplir escrupulosamente todas las leyes, decretos y reglamentos que «nuestras» dignísimas autoridades tengan a bien dictar. El Poder Judicial, que es independiente del Legislativo y -ante todo y sobre todo- del Ejecutivo, defiende a los ciudadanos ante interpretaciones torticeras de las normas aplicables, tanto si las hacen otros particulares como las numerosas Administraciones competentes. Por eso será que la situación se revierte a la anterior, pese a que todos estábamos de acuerdo en que no era la mejor posible, y en que incumplía una buena cantidad de las normas aplicables.

También se supone que todo eso se hace para proteger y promover el interés público. Sin embargo, el más somero análisis de la situación nos demuestra que todas las partes en conflicto, incluyendo las instituciones públicas, defienden intereses particulares. ¿Qué está pasando aquí?

Desde el punto de vista estrictamente monetario, la cosa parece ser una variante de la teoría que subyace en los aparcamientos subterráneos de Sant Antoni y Santa Eulària. Se consigue una concesión administrativa, se busca financiación, se hacen unas obras, los constructores cobran el precio pactado, se pone en marcha la explotación… y cuando resulta que no hay demanda para el servicio ofrecido, el concesionario lleva el asunto a los tribunales y exige al respectivo Ayuntamiento que le indemnice porque no ha cumplido su parte del trato: eliminar tales o cuales aparcamientos en superficie para obligar a los automovilistas a pasar por el aro y pagar la tarifa oportuna. Por esta regla de tres, la concesión del Cetis sólo tiene sentido si todos los autobuses interurbanos rinden viaje en dicho agujero oscuro y apestoso, de forma tal que las empresas de transporte público paguen por cada entrada de sus vehículos y por cada pasajero. Si eso es defender el interés público, ya se ve que no estamos trabajando con la misma definición de interés público.

¿Cómo hemos llegado a esta situación absurda? Pues verá usted, no es que «hayamos llegado»… Es que la situación es la misma desde hace siglos. El problema es la división administrativa de estas islas tan pequeñas en taifas enfrentadas artificialmente, que se complica un poco más cuando están gobernadas por diferentes partidos políticos. La solución es una administración única para estas islas tan pequeñas. Llevamos una temporada con administraciones «monocolor» y a la vista está que eso no ha servido para poner de acuerdo a los grupos de presión que forman el verdadero entramado de poder. Como dice concisamente Pilar Bonet en «La gran fábrica de zombies»:

«Aquí también hay un mundo formal con sus instituciones (el Consell Insular, los ayuntamientos, los partidos políticos que gobiernan y los de la oposición) y una estructura de fondo, que es la que verdaderamente cuenta. En esta estructura de fondo se ha producido una alianza entre quienes no han superado la mentalidad primitiva de tipo feudal y miembros de las nuevas generaciones que, debido a una comprensión limitada del mundo, identifican el progreso con el cemento y el dinero inmediato».

Pero no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. La mía es hacer un intercambiador en Vara de Rey. Para eso basta revertir las cosas a lo que eran cuando había una cantidad razonable de automóviles particulares en estas islas tan pequeñas. Si le interesa hablarlo conmigo, quedamos en el Montesol y se lo explico sobre el terreno.

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