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14 de Abril de 1931… digo, de 2018

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Verá usted, a mí me interesan los presos políticos.

Me interesa el trabajo de Amnesty International, que promueve los Derechos Humanos y combate la pena de muerte, la tortura y las formas más brutales de represión desde 1961. Amnesty ayuda sobre todo a los presos de conciencia, personas encarceladas por defender sus ideas sin recurrir a medios violentos, ni aprobar que se usen. En este país, en los felices sesenta del siglo pasado, estaba prohibida, como todas las organizaciones que no fueran parte de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista.

En aquel entonces había presos políticos que no eran presos de conciencia. Las autoridades mantenían una guerra “de baja intensidad” contra su propia población desde 1939… En 1968, casi treinta años después, un miembro de otra organización prohibida emplea un arma contra un agente del orden público, y todos nos vemos en el disparadero de definirnos a favor o en contra del uso de medios violentos para combatir la dictadura.

La reacción del Régimen no fue pacífica en absoluto. Hubo estados de excepción, detenciones, condenas dictadas por una jurisdicción especial, la del Tribunal de Orden Público… y la implicación directa del Ejército en la represión. En el consejo de guerra de Burgos, en 1970, los jueces militares dictan condenas a muerte contra seis miembros de ETA. Por razones que algún día sabremos, se conmutan por penas de prisión que equivalen en la práctica a cadenas perpetuas.

Hacia 1971, la definición operativa que usaba yo para discernir quiénes eran presos políticos -y quiénes no- me la daba hecha el Régimen. Si alguien estaba encarcelado por tener un proceso pendiente o una condena firme del Tribunal de Orden Público o de un juzgado militar, era un preso político, porque estaba combatiendo la dictadura. Por medios pacíficos, o por los mismos que usaban los servidores del dictador… en una guerra que habían declarado ellos.

El 27 de Septiembre de 1975 mueren fusilados cinco hombres. Dos eran miembros de aquella organización prohibida… y tres, de otra, el FRAP, gente que defendía a navajazos las formas de organización política de Albania. El 20 de Noviembre de 1975 muere Francisco Franco Bahamonde. El 15 de Octubre de 1977, casi dos años después, las Cortes promulgan una ley de Amnistía que viene a ser también de amnesia: vamos a olvidarnos de… ¿de qué? No me acuerdo… Con eso vamos a sacar de la cárcel a los presos de conciencia… y a unos cuantos que han usado armas. Todos ellos se integrarán en organizaciones políticas. Sustituiremos los fusiles por las urnas, seremos felices y comeremos perdices.

La cosa, mal que bien, ha ido funcionando… pese a la pertinaz oposición de la misma organización prohibida, que siguió usando armas y explosivos contra los servidores del orden público. Los vascos nos vimos en el disparadero de definirnos a favor o en contra del uso de medios violentos para conseguir la independencia de Euskadi. En mi caso particular, el punto de inflexión fue un atentado contra un concesionario de automóviles franceses en Zarautz, el 12 de Diciembre de 1986.

Treinta años después, en este país han cambiado muchas cosas. Por ejemplo, hay otros presos políticos. Ahora son catalanes. No han empleado armas ni explosivos contra los servidores del orden público, pero se les aplica la misma lógica que llevó en su día a la creación del Tribunal de Orden Público. Dicho órgano desapareció el 4 de enero de 1977. Por ¿casualidad?, el día 5 enero de 1977 se constituye la Audiencia Nacional, que sigue ahí desde entonces.

Procede hallar una definición operativa para saber quiénes son presos políticos. De nuevo, ya ve usted, el Régimen me la da hecha, aunque ahora sea el del 78. Si la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Constitucional encarcelan a raperos, titiriteros, tuiteros o miembros electos del Parlament de Catalunya, dichos sujetos son presos políticos. Eso es así porque la legitimidad de dichos órganos procede de un pacto entre dos partes que fue tan legítimo como lo puede ser cuando una de ellas negocia con una pistola en cada mano y la otra recién acaba de salir de presidio.

Basta de jugar con las palabras. En este país no hay “políticos presos”. Hay presos políticos. Es una vergüenza intolerable. Ahora mismo, los herederos morales de la República son una pieza más del bloque “constitucional”, que defiende una monarquía borbónica legitimada por la gracia del Caudillo. La salida, como en 1931, es que “los pueblos de España” se pongan de acuerdo y proclamen una república federal. Nuestros “amigos” y “socios” europeos no van a consentir que ninguno se marche sin pagar su parte de la cuenta billonaria de la deuda “pública” que nos ha dejado la cleptocracia. Tendremos que arreglarlo entre los de aquí. Por las buenas, sin armas ni explosivos. Procede recuperar las buenas formas de 2003, cuando el presidente del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, “republicano, independentista y de izquierdas”, visitó a un rey con nombre de Universidad y tuvo con él una conversación que se puede resumir en que “hablando se entiende la gente”.

Pues eso. Los catalanes no son fenicios, ni judíos, ni polacos, ni “catalufos”. No son el colectivo infrahumano que nos presenta cada día la prensa de Madrid. Hace falta aparcar la catalanosis cuanto antes. Eso implica levantar el 155 y aceptar que se puede ser republicano, independentista y de izquierdas, y que eso no es ni más ni menos democrático que ser monárquico, unionista y de derechas. La democracia es un continente, no un contenido. Los “constitucionalistas” no tienen el monopolio de la verdad, por más que tengan a buen recaudo el himno y la bandera. Ah, se me olvidaba: y la cabra de la Legión.

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Otro punto de vista:

la mirada del Mendigo

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https://esmola.wordpress.com/

2018/04/20

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