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Febrero de 2018

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Continuamente pasan cosas que permiten que nuestra capacidad de asombro pueda mantener una salud bien robusta. Y da la impresión de que todo eso irá a más. ¿Cómo puede haber ciudadanos, en algún lugar del Reino de España, que consideren que la persecución político-judicial contra los líderes catalanes tiene algún recorrido, cuando se está demostrando que España va por un lado y todo el resto del mundo por otra? Observemos el caso de Anna Gabriel, antigua diputada de la CUP. Hace unos días, la señora Gabriel, en vez de ir a declarar ante el juez Pablo Llarena, decidió irse a Suiza. Vive en Ginebra y, desde allí, intenta hacer lo posible para denunciar lo que está sufriendo la sociedad catalana a manos de los órganos de un estado que le es abiertamente hostil. El juez Llarena, ante el hecho de que Anna Gabriel no se presentó a su requerimiento, dictó una orden de prisión… dentro del ámbito del reino de España. La fiscalía, con toda la lógica del mundo, le pedía que la orden de detención fuera internacional. Incluso el ministro de Justicia dijo que no pensaba que Suiza tuviera que poner ninguna objeción a la extradición de la ex diputada de la CUP. Pero el valiente Llarena no ha dictado la orden internacional, del mismo modo que tampoco se ha atrevido a pedir la extradición de la bestia negra número uno de todo el españolamen, que es el presidente Carles Puigdemont. ¿Cómo puede una parte de la sociedad española (quiero pensar que cada vez más pequeña) considerar que Gabriel o Puigdemont pueden ser culpables si los altos magistrados españoles no se atreven a pedir una orden de extradición? ¿Por qué no los pueden extraditar los belgas o los suizos, si la cosa es tan clara?

Y no se trata sólo de Bélgica o de Suiza. El presidente Puigdemont ha ido recientemente a Dinamarca, en viaje oficial, y se ha entrevistado con miembros del parlamento de ese país, y ha dado una conferencia en la universidad de Copenhague. Que el presidente y los consejeros exiliados en Bruselas pueden circular libremente por la Unión Europea (excepto por España) es evidente, con las muestras que están dando continuamente. Estos días el consejero Puig estaba en Holanda, y colgaba en Internet fotografías de los famosos molinos de los Países Bajos, sin ningún problema. Nadie puso ningún impedimento. España no pudo hacer nada para impedirlo. Si Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suiza (quiero decir, sus respectivos sistemas judiciales) lo ven tan claro, ¿cómo puede seguir pensando buena parte de la gente de por aquí que pueden ser culpables? Y, siendo tan claro que la justicia española no puede pedir la extradición sin arriesgarse a hacer un ridículo monumental, ¿cómo puede consentir la sociedad española que se mantenga en prisión a Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Joaquim Forn? ¿Cómo puede alguien que no esté rematadamente adoctrinado por la maquinaria del Estado español no considerarlos como rehenes políticos?

Otro elemento que muestra el adoctrinamiento furibundo de la sociedad española (adoctrinamiento generalizado, por cierto) es la falta de reacción ante los ataques sistemáticos a la libertad de expresión. Acaban de condenar a tres años y medio de prisión a Josep Miquel Arenas, Valtònyc, rapero de sa Pobla, por canciones que supuestamente enaltecen el terrorismo y que, sin lugar a dudas, cargan a saco contra la monarquía borbónica. ¿Se puede llamar democrática una sociedad que permite que ocurra esto? ¿Qué pasa cuando lo único moralmente aceptable que se puede hacer es posicionarse ante la (in)justicia del Estado?

Como lo demuestra el hecho de que se haya ejercido descaradamente la censura en la feria de Arco, en Madrid, sin que todos los artistas plásticos hayan plantado a la organización de la feria, comportándose como fieles lacayos de un sistema que impide la libertad de expresión. Se ha ejercido la censura contra unas fotografías de presos políticos (figuran los catalanes, pero también los chicos de Alsasua que llevan más de un año encarcelados por una pelea con policías una noche de fiesta, los raperos que rapean lo que no toca y los actores que fueron perseguidos por una pieza de teatro de títeres). Basándose en el hecho de que en España no hay presos políticos (estupidez que sólo alguien que esté muy adoctrinado puede creerse), la organización de la feria ha decidido censurar la obra.

Con unas declaraciones que harían sonrojar a Erdogan, las autoridades han defendido la censura, e incluso hemos podido oír una declaración venida de las filas socialistas que decía que se habían retirado las fotografías «para rebajar la crispación en Cataluña». ¡Y yo creía que Arco se celebraba en Madrid!

Mientras tanto, sin embargo, Arco sigue adelante como si nada, para vergüenza de todos los que hacen el juego a las autoridades, el valiente Llarena continúa sin dictar orden de detención internacional de gente como Carles Puigdemont o Anna Gabriel, y buena parte de los españolitos continúan tragando sapos cada noche ante la caja tonta.

¡Ah! Y, no lo olvidemos ni un momento, unos cuantos hombres justos continúan en prisión porque España no puede evitar este maldito sentimiento de venganza.

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