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Hace unos días coincidiendo, ya es casualidad,

con el decimoquinto aniversario del siniestro del petrolero PRESTIGE,

los medios gubernamentales lanzaron a los cuatro vientos

el auto judicial, que no sentencia, de la Audiencia Provincial de La Coruña

que concreta precisamente los números de la indemnización

cuyo fundamento en líneas generales dejó establecido el Tribunal Supremo

en su extravagante sentencia de enero de 2016.

La coincidencia con el aniversario del accidente pretendía, naturalmente,

neutralizar los comentarios de los medios de comunicación recordando, cruel hemeroteca,

la desastrosa gestión del siniestro por parte del gobierno.

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